Quito, 14 oct (EFE).- El presidente Guillermo Lasso no descarta recurrir a la inédita «muerte cruzada» para poner fin a su dura puja con la Asamblea Nacional, en caso de que persista el bloqueo legislativo a sus reformas y cuando una comisión investiga su aparición en los papeles de Pandora.
Así lo confirmó el presidente en una entrevista con el conocido periodista Carlos Vera en la que evocó el artículo 148 de la Constitución, que plantea la disolución legislativa por tres causales, entre ellos, obstruccionismo a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
«Esas decisiones se toman con prudencia, con serenidad, porque impactan a 17,5 millones de ecuatorianos», respondió el mandatario a una pregunta sobre ese proceso, por el cual el presidente disuelve el Parlamento y convoca a elecciones.
En ese período, gobernaría con «plenos poderes», dijo el politólogo César Ulloa, aunque con aval de la Corte Constitucional a cada uno de sus decretos.
Pese a esa posibilidad, Lasso precisó que con la misma «serenidad» también tiene que evaluar «el impacto de una decisión de este tipo en la imagen internacional (del país)».
¿BLOQUEO LEGISLATIVO?
La idea de activar ese mecanismo, nunca aplicado antes y previsto en la Constitución de 2008, se da en unas circunstancias de abierto enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, desencadenado por el rechazo de este último a discutidos proyectos de ley.
El principal de ellos, pero no el único, se produjo el 29 de septiembre cuando la Comisión de Administración Legislativa (CAL) no admitió el plan bandera de reformas «Creando Oportunidades», y solicitó a Lasso una serie de correcciones y reentrega.
En ese momento, con una considerable popularidad gracias a su masivo plan de vacunación, Lasso lo vio como un bloqueo deliberado por parte de sus enemigos políticos en el Legislativo, donde apenas cuenta con un apoyo de unos 25 escaños de 137, entre propios y aliados.
Y advierte de una «conspiración» encabezada por el expresidente Rafael Correa, el líder socialcristiano Jaime Nebot, y el líder indígena, Leonidas Iza: «Los tres interesados en dar un golpe institucional a la democracia en Ecuador».
¿ÚLTIMO INTENTO DE DESARMAR LA BOMBA?
Hoy por hoy, y tras varios días de intercambios frontales y acusaciones, el mandatario ha anunciado que fragmentará su plan de reformas en tres proyectos -tributario, laboral e inversiones- y los devolverá a la Asamblea.
«Vamos a ver cómo actúa: si la devuelve, si la rechaza, si permite un debate democrático», sentenció.
Ulloa sugiere que Lasso «arrincona a la Asamblea» y que si esta «no responde en términos de deliberación, análisis o modificación, finalmente apostará por una muerte cruzada».
Una opción que para Daniel Noboa, asambleísta del Movimiento Ecuatoriano Unido, debe ser la «última» recurrida porque «raya en la inconstitucionalidad», pese a que está claro que «en este momento no hay gobernabilidad».
En declaraciones a Efe insistió en que es un escenario a «barajar» si es que Lasso no quiere flexibilizar posturas en sus reformas y empezar a tener en cuenta «al primer poder del Estado», al que «está queriendo saltar».
«Si los problemas no se solucionan rápido, va haber un colapso total», asevera al enumerar los económicos, laborales, fiscales y de seguridad y recordar que el político centroderechista venció porque la «gente quería un cambio» y sería el fin de «un gobierno muy joven», algo más de cuatro meses.
LAS ENCUESTAS NO AYUDAN
Al enrarecido ambiente político ha contribuido también la investigación abierta en la Asamblea para esclarecer si Lasso tiene aún bienes en paraísos fiscales, algo que él niega tajantemente pero que podría conducir a otro no menos dramático escenario: un juicio político.
«No está nada dicho en el sentido de que si existiera una comisión que, de manera independiente, haga una investigación, el presidente puede salir bien librado si tiene todas las pruebas de su actuación legal», sostiene Ulloa.
En cualquier caso, asegura, la moción le golpearía por tener inversiones afuera y considera que la comisión encargada de la investigación es «política» por su mera composición: más miembros correístas (por el expresidente Rafael Correa) y del movimiento indígena.
Desde la publicación de los papeles de Pandora, el correísmo, derrotado en abril, ha lanzado una campaña abierta a nivel nacional e internacional para exigir su dimisión o destitución, e iniciar un nuevo proceso electoral.
La crisis, en todo su espectro, ha provocado un importante declive en la aceptación del presidente, según los últimos sondeos.
Cedatos, empresa afín a Lasso, indicó el miércoles que la aprobación a su gestión habría caído al 63,5%, en tanto que Perfiles de Opinión, más alineada con el correísmo, lo sitúa en el 34,01%, de un 74% entre julio y agosto.
Sin que esté del todo claro en qué medida reflejan el impacto de los papeles de Pandora, no cabe duda de que las piezas del ajedrez se mueven hacia un jaque mate bidireccional.
Si la Asamblea bloquea de nuevo sus nuevos proyectos de ley, el presidente podría tener que recurrir a su disolución para gobernar unos meses, pero también el poder legislativo tiene en sus manos terminar la gestión presidencial.
La gran pregunta es quién moverá antes la ficha hacia alguno de los dos escenarios más dramáticos de la política ecuatoriana.
