Quito, 20 oct (EFE).- Organizaciones sociales y derechos humanos realizaron hoy un plantón en Quito para exigir a la Corte Constitucional que fije fecha para la audiencia de un proceso de reparación de unas 27.000 personas afectadas por un derrame de petróleo en 2020.
Según el equipo legal que promueve la causa, la Corte les informó que la Acción Extraordinaria de Protección fue «seleccionada como causa de tratamiento prioritario».
Sin embargo, hasta el momento denuncian no haber sido escuchados y de hecho, hoy tampoco fueron recibidos por las autoridades judiciales.
Sylvia Bonilla, miembro del equipo jurídico, se quejó en una rueda de prensa ante la Corte que en la Amazonía ocurren «dos derrames de petróleo cada dos semanas» y es la Corte la encargada de «establecer estándares claros para que se repare a las comunidades, para que esto no vuelva a ocurrir».
Al grito de «¡Queremos agua, no petróleo!», los participantes en la concentración, varias decenas entre ambientalistas, defensores de derechos humanos e indígenas, responsabilizaron a las autoridades por el derrame que afectó a las riberas de los ríos Coca, Napo y Quijos a lo largo de unos 360 kilómetros.
Además de 218 hectáreas en 108 comunidades de las provincias de Sucumbíos y Orellana, según la información de OCP, Petroecuador y el Ministerio de Energía y Recursos no Renovables.
A la concentración acudió el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, quien respaldó la causa de los pueblos amazónicos y denunció que «cómo es posible que nos quiten la posibilidad de vivir, de trabajar y de alimentarnos», y que «cuando salimos a protestar nos llamen violentos».
Los participantes exigieron también a la Corte que convoque la audiencia en territorio para que los habitantes afectados puedan testimoniar sobre lo ocurrido.
El derrame ocurrió en abril de 2020 cuando debido a un desplazamiento de tierras, se rompieron las tuberías de dos oleoductos que trasladan el petróleo en crudo desde los yacimientos en la Amazonía hasta los puertos en la costa.
La rotura provocó un vertido del remanente de crudo entre el lugar del accidente y las últimas válvulas, unos 15.000 barriles según distintas estimaciones, que afectaron a decenas de comunidades y comunas.
La dirigente de la comunidad de Itaya, Carolina Tanguila, insistió hoy en la vulneración de derechos que ha implicado la contaminación del agua y la pérdida de cultivos y peces por la contaminación.
«Estamos viviendo dos pandemias: el coronavirus y el derrame de petróleo», aseguró en declaraciones en kichwa que fueron traducidas en la rueda de prensa.
Los dirigentes indígenas insistieron en que, pese a los que sostienen las compañías involucradas, no han existido medidas de «contención y reparación» y que las acciones emprendidas han sido de carácter «paliativo».
En abril, al cumplirse un año del suceso, OCP y Petroecuador aseguraron que entregaron a los habitantes locales 1,7 millones de litros de agua y 26.000 kits de alimentos, y que brigadas de salud les atendieron durante unos cuatro meses.
