Quito, 15 nov (EFE).- El presidente Guillermo Lasso, dijo que Ecuador está bajo un ataque de las mafias del narcotráfico que intentan hacerse con el control de las cárceles y a las que culpó de las matanzas entre reos, aunque también la crisis es producto de la desidia estatal para atender un problema que viene de hace años.
La madrugada del pasado sábado, una masacre en el Centro de Privación de la Libertad Guayas Número 1, conocido también como la Penitenciaría del Litoral, dejó 68 reos asesinados, según cifras preliminares de la Fiscalía.
Esa matanza se sumó a otra masacre ocurrida en septiembre pasado cuando se reportaron 118 reos asesinados, así como a otros hechos similares que, durante este año, han dejado más de 200 reclusos fallecidos, según datos periodísticos difundidos en redes sociales.
Las autoridades atribuyen esta crisis a los enfrentamientos entre bandas criminales que se disputan el control de las cárceles y que tendrían relación con cárteles del narcotráfico, especialmente mexicanos y colombianos, que aparentemente usan al país para el tráfico interno e internacional de la droga, que proviene de países productores como Colombia y Perú.
Sin embargo, el propio presidente Lasso aceptó en un mensaje a la nación pronunciado este lunes que «la descomposición del sistema penitenciario no se ha generado de la noche a la mañana, ni en unos cuantos meses».
«Hacen falta muchos años de descuido y abandono de los más esenciales valores democráticos» para que esta crisis carcelaria adquiera las dimensiones que ha llegado a tener, añadió el gobernante que acusó a anteriores gobiernos.
Al mismo tiempo que se deterioraban los sistemas de seguridad ciudadana, también lo hacían las fuerzas del orden, según Lasso, quien prevé aprobar unas normativas para garantizar a la policía y militares el uso progresivo de la fuerza.
Con esas normas, la fuerza pública podrá contar con herramientas para «la defensa ciudadana y el control de los sistemas carcelarios».
Sin embargo, este tema ya fue negado en mayo pasado por la Corte Constitucional, que declaró como ilegal un reglamento para el uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte de soldados, que fue presentado durante el Gobierno del expresidente Lenín Moreno, antecesor de Lasso.
Incluso hay organizaciones sociales que temen que esta proyección pueda ser asumida para controlar las protestas sociales, aunque Lasso ha dejado en claro que su intención es encarar solamente la crisis carcelaria y de inseguridad en el país.
Asimismo, Lasso prevé atacar la raíz del problema con una nueva normativa penal que tipifique el delito de «autoría por dominio de organización», por el que los jefes mafiosos «pagarán por los delitos que ordenen cometer».
Y es que para Lasso, su Gobierno no se enfrenta en la crisis carcelaria a delincuentes comunes, sino «a los más grandes carteles de la droga de todo el mundo.
Se trata, dijo, de «grandes organizaciones con modernas infraestructuras, sofisticadas armas, complejas plataformas tecnológicas y respaldadas por un músculo económico que rivaliza con los presupuestos de seguridad de muchos estados».
Por ello destacó la operación militar y policial desplegada este lunes en la Penitenciaría del Litoral, con el ingreso masivo de soldados y policías que, a decir de las autoridades, retomaron el control «absoluto» de la cárcel y que seguirán en esa disposición de manera indefinida.
Asimismo, dijo que en esa lucha contra los cárteles del narcotráfico, cuenta ya con el apoyo de otros gobiernos afines como Estados Unidos, Israel, Colombia, Reino Unido y España, así como de Naciones Unidas y la Unión Europea.
Agradeció la visita que próximamente efectuará al país una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tendrá «total apertura para esclarecer, con absoluta independencia, la verdad» de los hechos acontecidos en las cárceles ecuatorianas.
Sin embargo, hay quienes indican que la desidia estatal es también causa en esta crisis, donde también se ha denunciado hacinamiento, injusticia y hasta corrupción en el sistema carcelario.
Organizaciones ecologistas denunciaron que entre las víctimas de la última masacre en la prisión de Guayaquil figura un activista detenido por protestas contra proyectos mineros en la zona austral del país.
Incluso hay legisladores de oposición que han exigido la renuncia de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela; la comandante general de la Policía, Tannya Varela; y del gobernador (representante del Ejecutivo) de la provincia de Guayas, Pablo Arosemena, por su presunta responsabilidad en el manejo de la crisis carcelaria.
