Quito, 23 dic (EFE).- El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, aseguró que el periodista Emilio Palacio y los directivos del diario local El Universo recibirán una indemnización por la violación a su derecho a la libertad de expresión.
Así lo sentenció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que, entre otras medidas de reparación, dejó sin efecto la sentencia de tres años de prisión ratificada contra Palacio, quien antes de esto tuvo que salir del país en agosto de 2011.
La indemnización para los perjudicados asciende a 400.000 dólares de los que 300.000 corresponden a Palacios por daños materiales e inmateriales, en tanto que los directivos del diario Nicolás Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga recibirán 20.000 dólares cada uno.
Además, se reintegrarán 40.000 dólares de costas judiciales.
Según Salvador, la admisión del Estado ecuatoriano ante la CorteIDH «marca un antes y un después en la defensa del derecho a la libertad de expresión» en el país.
Recalcó que se logró una rebaja del 97 % de la suma requerida por los perjudicados que, pedían más de 12 millones de dólares como medida de reparación.
La gestión de la Procuraduría «logró conciliar esas dos partes, de reducir el gasto al Estado y al mismo tiempo se garanticen los derechos humanos», comentó.
En 2011, el entonces presidente Rafael Correa demandó a los directivos del diario El Universo y a Palacio por injurias calumniosas contra la autoridad, por un artículo de opinión que publicaron.
El texto periodístico giró en torno a lo ocurrido tras una revuelta policial el 30 de septiembre de 2010 y para la CorteIDH se trató de un «artículo de opinión que se refirió a un asunto de interés público, por lo que gozaba de una protección especial en atención a su importancia en el debate democrático».
Correa (2007-2017) agotó todas las instancias judiciales logrando una sanción de 3 años de prisión y 40 millones de dólares para el periodista y los directivos, aunque luego decidió la condonación de la obligación al pago de los daños y perjuicios.
La sentencia de la CorteIDH fue notificada este martes.
Una vez pagado el valor de la indemnización, la Procuraduría impulsará la acción de repetición para que sea el Consejo de la Judicatura quien «ponga nombres a los jueces que intervinieron» en todas las instancias del proceso.
Al concluir esta etapa, los responsables deberán reembolsar al Estado ecuatoriano el dinero que se pagará a los perjudicados.
