Quito, 29 mar (EFE).- La ministra de Gobierno (Interior) de Ecuador, Alexandra Vela, presentó este martes una demanda de inconstitucionalidad contra las recientes amnistías aprobadas por la Asamblea Nacional (Parlamento) a 268 procesados en protestas sociales.
Vela acudió a la sede de la Corte Constitucional en Quito para hacer entrega de manera personal de su acción de inconstitucionalidad contra la resolución adoptada el pasado 10 de marzo por el Legislativo.
«En un Estado de derecho no puede existir impunidad. Esta amnistía deja intactos los delitos cometidos en contra de Quito y el país en 2019», manifestó en redes la ministra en referencias a las violentas protestas que asolaron la capital ecuatoriana en 2019, donde varios edificios públicos acabaron en llamas.
El Parlamento ecuatoriano, donde la oposición tiene mayoría, decidió amnistiar a 268 personas entre indígenas, activistas y defensores del medio ambiente, procesados por presuntamente haber cometidos delitos mientras participaban en distintas protestas sociales.
Entre los amnistiados figuran Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), la mayor organización indígena del país, así como la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, y varios «defensores del agua».
De los 268 amnistiados, 60 estaban procesados por los violentos episodios de octubre de 2019 en unas protestas que lograron su objetivo de revertir la eliminación a los subsidios a los combustible decretada por el Gobierno del entonces presidente Lenín Moreno (2017-2021).
Entre el 3 y el 13 de octubre de 2019 Ecuador quedó paralizado por los disturbios que se registraron con especial virulencia en el centro de la capital, y el bloqueo de vías cruciales del territorio nacional, lo que llevó al Ejecutivo de entonces a declarar el estado de excepción.
El desencadenante fue un decreto presidencial que eliminaba históricos subsidios a la gasolina de mayor consumo y que tuvo que ser derogado para aplacar unas protestas en las que murieron media docena de personas y más de 1.500 resultaron heridas.
Otros 153 amnistiados estaban procesados por su implicación en protestas en defensa de territorios comunitarios, 43 identificados por organizaciones civiles como defensores ambientales y doce «criminalizados» por administrar justicia indígena.
La concesión de las amnistías a dirigentes indígenas, defensores ambientales y cargos públicos afines al correísmo (por el expresidente Rafael Correa), abrió un debate en la opinión pública entre quienes rechazaron la decisión y aquellos que la vieron como un gesto necesario de pacificación.
