Quito, 29 sep (EFE).- El Servicio de Rehabilitación Social (SNAI) anunció este miércoles la reducción al mínimo de las actividades administrativas en la cárcel de Guayaquil donde en la víspera se produjo una masacre por reyertas entre reclusos, que acabó con 30 fallecidos y cerca de 50 heridos.
«Ante los hechos suscitados en el Centro de Privación de Libertad Penitenciaría Número 1, y como medida preventiva, se dispuso la suspensión de actividades administrativas no prioritarias, por 48 horas, en el complejo penitenciario de Guayas», indicó el Servicio de prisiones en Twitter.
Ese complejo está integrado por la cárcel Regional de la provincia costera de Guayas, la Penitenciaría, además de La Roca y el Centro de Detención Provisional (CDP).
Al menos 30 personas murieron y 47 resultaron heridas en el último enfrentamiento ocurrido este martes entre reos en la Penitenciaria del Litoral, en Guayaquil, una de las más peligrosas de Ecuador, que vuelve a poner de manifiesto la grave crisis carcelaria que se abate en el país desde hace ya tres años.
Pese a que el SNAI indicó que la situación había sido controlada en la tarde de ayer, por la noche continuaron escuchándose detonaciones de armas de fuego en el interior de la prisión, según medios locales.
La disputa entre bandas criminales por el control de las prisiones parece ser el hilo conductor de las frecuentes reyertas entre los reos, que además podrían estar conectados con carteles del narcotráfico, según han advertido varias autoridades.
El incidente, según el SNAI, se habría iniciado por riñas entre bandas delictivas, en un pabellón del centro penitenciario, algo que se ha repetido en varias ocasiones anteriores, con un balance de más de 160 muertos en lo que va de año.
El caso más grave registrado en el país tuvo lugar en febrero pasado con amotinamientos en cuatro centros, donde perdieron la vida 80 presos.
El 13 de septiembre, en un episodio que demostraba una escalada, otra prisión de la provincia costera de Guayas fue atacada con drones desde el exterior, con tres explosiones que afectaron el techo del centro.
Y el pasado 22, la Policía, durante otro registro en la cárcel de Guayaquil, confiscó tres armas de fuego, una granada, doce tacos de dinamita, droga, artefactos explosivos improvisados, una radio «handy», 16 teléfonos móviles, 27 armas blancas, cinco cargadores y más de 200 municiones de distinto calibre.
Ante esta realidad, el presidente del país, Guillermo Lasso, quien asumió el cargo el pasado 24 de mayo, anunció el mes pasado que destinará 75 millones de dólares en los próximos cuatro años para intentar dar solución a la situación.
La crisis carcelaria en Ecuador se intensificó desde 2018, cuando empezaron a producirse asesinatos en el interior de los centros penitenciarios y fuera de ellos, pero relacionados.
El sistema penitenciario ecuatoriano está bajo la lupa desde hace años, y son incontables los motines, casos de violencia, ajustes de cuenta y fugas, que expertos achacan al hacinamiento, la corrupción interna y la falta de preparación.
Las cárceles de Ecuador albergan a más de 39.000 presos, cifra que se ha triplicado en los últimos tres lustros y provocado una crisis que se intensificó en los últimos cuatro años con un índice de hacinamiento que llegó al 36 % y que hoy ronda el 30 %.
