Lima, 1 abr (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) centra las esperanzas de los familiares de las víctimas de las matanzas por las que fue condenado el expresidente peruano Alberto Fujimori para evitar su excarcelación y acceder a la justicia frente a un Estado que, según denuncian, no garantiza sus derechos.
«En la vía interna se han agotado todos los recursos, más bien tenemos un Tribunal Constitucional (TC) que no garantiza derecho a la justicia de las víctimas y familiares», declaró a Efe la exministra de Cultura Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz, víctima de la masacre de La Cantuta (1992).
«La única esperanza que tenemos es el sistema interamericano, a través de la Corte Interamericana, que vuelva a recordarse al Estado peruano las obligaciones que tiene y que nos devuelva esa poca justicia que habíamos alcanzado», agregó tras la audiencia virtual que celebró este viernes el tribunal continental con sede en Costa Rica.
En esta sesión se analizaron las medidas provisionales solicitadas por los familiares de las víctimas ante el último revés judicial del Constitucional peruano, que, en marzo pasado, restituyó el indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Aunque la corte no tiene un plazo para emitir sus resoluciones, los familiares esperan que los jueces «evalúen la gravedad de la situación» y emitan «un pronunciamiento mucho más claro y contundente sobre el peligro de estos indultos negociados, que, al final, terminan atropellando la propia dignidad de las víctimas y sus derechos», dijo Ortiz.
«Cada vez que se habla de indultos en realidad es un acto de nervios y de dolor porque es retroceder (…) y no se puede vivir así», sostuvo Rosa Rojas, quien perdió a su esposo e hijo de 8 años en la matanza de Barrios Altos (1991).
«No solamente nos han asesinado a nuestra familia, también lo que nos han quitado es el derecho a la dignidad», añadió la mujer, mientras agarraba un cartel negro, grande y con el rostro y nombre de su hijo, Javier Ríos Rojas.
Por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, ejecutadas por el grupo militar encubierto Colina, Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas, además de por los secuestros de un periodista y un empresario en 1992.
DESATENDIDOS POR ESTADO
Los familiares de las víctimas participaron de la audiencia virtual de la CorteIDH de manera conjunta desde la sede de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), ubicada en el distrito limeño de Lince.
«Como familiares, hemos expresado no solamente la indignación a lo que significa conocer esta decisión ilegítima, ilegal, del Tribunal Constitucional de otorgarle libertad a Fujimori, sino también la gran preocupación que significa para nosotros tener que estar defendiendo nuestros derechos ante un Estado peruano que no los garantiza», se lamentó Ortiz.
En este sentido, la exministra señaló que los familiares no han parado de cargar con el peso de velar por justicia, luchar contra la impunidad y defender sus derechos, una situación «no solamente injusta, sino también agotadora».
«Tenemos aún un Estado peruano que, desde 2017, le viene regalando (a Fujimori) indultos y ahora libertad, sin que haya cumplido con las sentencias que han sido establecidas en nuestro país», agregó tras opinar que en Perú no todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
En otro momento, Ortiz saludó el gesto político del presidente Pedro Castillo, quien esta semana envió un oficio a la CorteIDH para expresar su compromiso con el cumplimiento de las medidas que establezca el tribunal, pero insistió en que la batalla judicial debe darse, ahora, en el plano internacional.
«Siempre hemos tenido que pelear ante el sistema interamericano en contra del Estado, de un Estado que no nos defiende, de un Estado que no reconoce las víctimas y que luego le cuesta implementar las medidas para que se haga justicia», sentenció.
