Quito, 10 mar (EFE).- La Asamblea Nacional resolvió este jueves amnistiar a 268 personas, entre indígenas y activistas, procesados por participar en protestas sociales o en la defensa de derechos de la naturaleza.
Con 99 votos, de 125 legisladores presentes en el pleno parlamentario, el Legislativo concedió la amnistía, entre otros, al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, y varios «defensores del agua».
En una sesión del pleno, que empezó la noche del miércoles y se extendió hasta esta madrugada, el Parlamento concluyó con la revisión de los casos y la votación.
«Estos resultados van a reconciliar al país. Hemos trabajado por la unidad que tanto esperaba nuestro
Ecuador, me siento muy contenta de que nuestros compañeros, los luchadores populares, defensores de los derechos humanos, del agua y la naturaleza y todas sus familias hoy recuperan su libertad», señaló la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori.
Según ella, esta decisión también ha permitido alcanzar «la justicia en el país y la tan ansiada reconciliación y unidad nacional».
Del total de personas amnistiadas, 60 pertenecen al caso «judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social de octubre 2019», otros 153 son «defensores de los territorios comunitarios», 12 al de «administración de justicia indígena», y otros 43 son activistas de defensa de la naturaleza.
Leonidas Iza, procesado por las protestas de octubre de 2019 contra medidas económicas aplicadas por el entonces gobernante Lenín Moreno (2017-2021), consideró la amnistía «un logro» impulsado «desde la Conaie junto a diversas organizaciones sociales por justicia para los defensores de derechos», escribió en su cuenta de Twitter.
Con esta decisión «se reivindica la lucha social, el derecho a la resistencia y la democracia. La lucha contra el neoliberalismo continúa», agregó.
También la prefecta Pabón, quien usa un grillete electrónico de vigilancia judicial, se pronunció y agradeció a quienes votaron para «poner fin a una práctica nefasta como es la persecución política».
Pabón, que pertenece al movimiento UNES, que lidera el expresidente Rafael Correa, también estaba procesada por el caso de las protestas de octubre de 2019.
Durante el debate, el legislador Pedro Velasco, del partido socialdemócrata Avanza, valoró que 48 de los amnistiados no deberían haber sido favorecidos con esa medida, ya que sus casos se habían resuelto de manera judicial, mientras que su colega afín al oficialismo Fernando Villavicencio aseguró que la decisión parlamentaria busca la pacificación del país.
La opositora Victoria Desintonio, por su parte, destacó la decisión del Legislativo y aseguró que la protesta social es una forma de expresión ciudadana que debe ser respetada y no criminalizada.
Su colega Bruno Segovia añadió, además, que no se alcanza la paz y la armonía social si no se respetan los derechos de la naturaleza y de los pueblos y nacionalidades indígenas del país.
