Quito, 27 ago (EFE).- El Ejecutivo de Ecuador ha remitido este viernes a la Asamblea Nacional (Parlamento) sendas listas con los candidatos a integrar las juntas de Política y Regulación Monetaria y Financiera, cuatro meses después de que se aprobara una ley para proteger la dolarización.
En un comunicado oficial, el Gobierno informó de que el presidente, Guillermo Lasso, propuso para la Junta de Política y Regulación Monetaria a Pablo Andrés Guerrón Quintana, María Paulina Vela Zambrano, y Gustavo Paúl Solórzano Andrade.
Mientras que como aspirantes a integrar la Junta de Política y Regulación Financiera figuran Galo Mauricio Valencia Stacey, Rosa María Herrera Delgado, y a Marcos Giovanny López Narváez.
Los candidatos en su mayoría son economistas, cuentan con maestrías o doctorados, y se han desempeñado en el ámbito financiero y sectores públicos y privados, u organismos monetarios internacionales.
La reforma legal aprobada en abril estableció que la actual Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera se divida en la Junta de Política y Regulación Monetaria, encargada de formular la política monetaria para que el Banco Central del Ecuador (BCE) la lleve a la práctica.
Por otra parte, la legislación recogía que la tarea de la Junta de Política y Regulación Financiera es establecer la política en los ámbitos crediticio, financiero, de seguros y valores.
Ambas serán parte de la Función Ejecutiva y «cada una estará conformada por tres miembros que serán profesionales técnicos con amplia experiencia en los ámbitos de su competencia y sin conflictos de intereses», reza un comunicado oficial.
La Asamblea Nacional será la encargada de designar a los miembros y de posesionarlos.
La también conocida como Ley de Defensa de la Dolarización aprobada en abril en la Asamblea tenía por misión robustecer el sistema monetario adoptado por el país en el año 2000.
Uno de los mayores debates se dio entonces en torno a la devolución de la autonomía política y financiera al BCE y que, según sus defensores, permitirá garantizar la estabilidad de la economía y garantizar la política financiera del país, aunque los detractores lo consideran como una «privatización» de la entidad.
La dolarización fue aprobada en Ecuador hace 21 años, tras la profunda crisis financiera que sacudió al país entre 1998 y 1999, considerada como al peor de la historia nacional, con una treintena de bancos privados intervenidos por el Estado y cuyo salvamento le costó más de 8.000 millones de dólares al erario nacional.
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