Quito, 7 jun (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó este martes una Ley que Regula el Uso Legítimo y Excepcional de la Fuerza para agentes de la Policía, Fuerzas Armadas y del sistema penitenciario, que busca, entre otros objetivos, proteger a los ciudadanos ante el auge de la delincuencia que agobia al país.
Con el voto de 104 legisladores, de 123 presentes en la sesión del pleno, la Asamblea aprobó el cuerpo legal que será remitido al Ejecutivo para su promulgación o veto.
El pleno parlamentario acogió la normativa que busca «proteger los derechos, libertades y garantías constitucionales, así como precautelar el derecho a la seguridad integral de los habitantes», precisó la Asamblea en un comunicado.
Durante el debate se formularon observaciones para mejorar y precisar el texto legal, sobre todo en lo que se refiere a la protección del derecho a la protesta social, por lo que se sugirió excluir la aplicación de la normativa durante las manifestaciones populares.
También se discutieron aspectos relacionados con la necesidad de establecer políticas de Estado en materia de respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos, para preparar adecuadamente a los agentes policiales y militares en el uso progresivo de la fuerza.
Los legisladores, además, aseguraron que la ley no constituye, por sí misma, una solución al problema de la delincuencia y el crimen organizado, pues también se requiere del apoyo oportuno del Gobierno en la provisión de recursos a las instituciones del orden.
El objetivo, según se señaló durante el debate parlamentario, es asegurarse de que los agentes del orden cumplan de forma idónea con su labor para combatir a la delincuencia.
El asambleísta Ramiro Narváez, del partido Izquierda Democrática, indicó que el texto trabajado por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea de ninguna manera autoriza el uso de la fuerza para sofocar las manifestaciones pacíficas.
La propuesta garantiza el derecho a la resistencia y a la protesta, prohíbe el uso de armas letales en este tipo de operativos, precisamente para salvaguardar la integridad de las personas, remarcó Narváez.
La propuesta legal señala que se norma el uso legítimo y excepcional de la fuerza como potestad del Estado ejercida a través de policías, militares y agentes de seguridad penitenciaria, y determina sus derechos y obligaciones.
También regula contextos y circunstancias específicas en las que los agentes puedan hacer uso legítimo y excepcional de la fuerza, norma los procedimientos y establece el marco de regulación para la capacitación, entrenamiento y evaluación de los servidores sujetos a esta ley, añadió la fuente.
