Quito, 24 mar (EFE).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y afectados por la contaminación de más de 400 mecheros de gas en la Amazonía ecuatoriana, exigieron este jueves al Gobierno que cumpla una sentencia que estipula su eliminación y medidas de remediación.
En una rueda de prensa en la que intervinieron dirigentes del movimiento indígena ecuatoriano, sociedad civil y niñas demandantes afectadas, cuestionaron que hasta la fecha las autoridades no han procedido a cumplir con la resolución judicial, ratificada en segunda instancia en julio del año pasado.
La Justicia ecuatoriana reconoció la vulneración de derechos a nueve niñas habitantes de las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos, y pidió al Estado que eliminara los mecheros (que contaminan por aspersión de gas) en dos tiempos, dependiendo de la cercanía de los mismos a los centros poblados.
Los más cercanos debían ser eliminados en un plazo de 18 meses, mientras que los más alejados podrían seguir funcionando hasta 2030, decisión que ha llevado a los afectados a presentar una acción de protección ante la Corte Constitucional.
En la actualidad, más de 447 mecheros asociados al tratamiento de crudo, queman gas las 24 horas del día y emiten al ambiente gases y residuos tóxicos que se depositan en el suelo y las vertientes de agua de la selva.
El Colectivo «Eliminen los Mecheros y Enciendan la Vida» criticó «el caso omiso» que ha hecho el Estado y sus correspondientes ministerios involucrados, a la hora de llevar a la práctica el dictámen y advirtió de las graves consecuencias para la salud, para la naturaleza y las comunidades indígenas amazónicas.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, pidió una «acción contundente» para acabar con la situación de los mecheros que dijo, «no es un problema de indígenas, es un problema de la vida, que nos compete a todos».
«Vamos a cumplir 55 años (de extracción petrolera) en nuestros territorios a nombre del desarrollo, del crecimiento económico, pero esos recursos ¿en dónde están?», criticó.
La Coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, Vivian Idrovo, manifestó que las organizaciones sociales han suplido las funciones del Estado en este caso mediante la recopilación de la información de los afectados en materia de salud y contaminación ambiental.
Y acusó a los ministerios de Energía y Recursos Naturales No Renovables; Ambiente, y Salud, así como a la Defensoría del Pueblo, de negligencia e incumplimiento de la sentencia, después del dictamen a favor de la acción de protección emitido por la Corte Provincial de Sucumbíos, provincia fronteriza con Colombia.
«Las niñas no están reclamando nada que no esté en la Constitución, no reclaman caridad, están exigiendo sus derechos. Los mecheros afectan los derechos a la salud, al medioambiente y la naturaleza», acotó.
