Quito, 29 nov (EFE).- Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presidida por el comisionado Stuardo Ralón, relator para los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, visitará Ecuador entre el miércoles y el viernes para conocer la situación en las cárceles del país ante los motines y masacres que acumulan 320 muertos en lo que va de 2021.
Así lo informó este lunes la Cancillería ecuatoriana que adelantó que su objetivo será visitar diversos centros penitenciarios y mantener reuniones con las autoridades nacionales competentes, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes para analizar la situación de las personas privadas de libertad.
La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, y la secretaria ejecutiva adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Promoción, María Claudia Pulido, también integran la delegación.
Ecuador atraviesa una crisis sin precedentes en el sistema penitenciario del país, donde han sido asesinados más de 300 presos en cárceles en reyertas atribuidas a bandas delictivas vinculadas al narcotráfico.
«Tal como lo anunció el presidente, Guillermo Lasso, se concederán todas las facilidades del caso a la misión dada la naturaleza del problema, cuya solución constituye la principal prioridad del Gobierno nacional», indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su comunicado.
La misión de la CIDH es de carácter técnico, con la tarea de prestar cooperación y asistencia para contribuir a solucionar la delicada situación que atraviesa el sistema penitenciario.
El presidente ecuatoriano renovó el estado de excepción en las prisiones por 30 días más debido a la «grave conmoción interna» generada por los motines y masacres que acumulan 320 muertos en lo que va de 2021.
Una de las medidas que establece el documento emitido este lunes es la suspensión del derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y la libertad de asociación y reunión de los reos.
El documento reconoce, además, un «déficit teórico» de 2.500 agentes de seguridad carcelaria a nivel nacional.
Lasso firmó la primera declaratoria de estado de excepción el pasado 29 de septiembre tras la masacre más grande registrada dentro de una prisión ecuatoriana, que se saldó con 118 fallecidos, y se extendió durante 60 días.
Otro estado de excepción, en este caso por inseguridad ciudadana, rige hasta el 18 de diciembre en nueve provincias ecuatorianas.
