Quito, 22 mar (EFE).- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aseguró este martes que respetará la decisión del Tribunal Supremo británico que el pasado 14 de marzo dio vía libre a la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
«Ese es un caso penoso, está en la justicia del Reino Unido, respetaremos el fallo de los tribunales del Reino Unido y, como país, daremos todas las facilidades que correspondan acorde con aquel fallo», señaló el jefe de Estado.
El gobernante consideró que el de Assange fue «un tema político, muy polémico, donde el Gobierno de (Rafael) Correa (2007-2017) forzó las leyes ecuatorianas para dar protección a un hacker, un pirata de los sistemas digitales».
«En esto voy a ser muy claro, estaremos del lado de la ley y el orden y jamás protegeremos a actos delincuenciales», dijo al ser consultado por al reciente decisión del Reino Unido en el marco de su programa «Encontrémonos por la ciudadanía», al que cada semana invita a dos periodistas de diferentes medios de comunicación.
VÍA LIBRE A LA EXTRADICIÓN
El pasado 14 de marzo, el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial del Reino Unido, desestimó un recurso presentado por el fundador de WikiLeaks, lo que dio luz verde a su extradición a Estados Unidos.
Tras ello, el caso pasa a la ministra británica del Interior, Priti Patel, que debe autorizar la entrega, aunque se prevé que la defensa recurra otras partes del proceso, lo que podría ralentizarlo.
El australiano, que cumple prisión preventiva en la cárcel londinense de Belmarsh, había recurrido un dictamen del 10 de diciembre del Tribunal Superior, que aprobaba su extradición a EE.UU. al dar por bueno a su vez un recurso de Washington sobre un fallo del 21 de enero de 2021.
Pero el Supremo rechazó este mes la petición de Assange con el argumento de que no plantea «ningún punto legal debatible», lo que significa que sigue vigente el fallo del Superior y la deportación puede ejecutarse si eventualmente así lo ratifica la ministra.
Washington recurrió en diciembre el fallo del 21 de enero de 2021 de la jueza de primera instancia Vanessa Baraitser, quien denegó la entrega del fundador de WikiLeaks al considerar que presenta riesgo de suicidio y que las condiciones penitenciarias en EE.UU. podían exacerbarlo.
Los jueces del Superior dieron la razón a EE.UU. al coincidir en que Baraitser debió haberles pedido en ese momento garantías sobre el régimen penitenciario que se aplicaría al acusado a fin de minimizar los riesgos para su salud.
También consideraron suficientes las salvaguardas presentadas a posteriori ante ellos por la Justicia estadounidense, que incluyeron, entre otras, ofrecer atención médica al «exhacker» y no imponerle de entrada medidas extremas de aislamiento.
«DOBLE NACIONALIDAD»
La defensa de Assange ha precisado que tiene «derecho a presentar sus argumentos en un plazo de cuatro semanas antes de que (Patel) tome una decisión».
Además, el despacho jurídico Birnberg Pierce ha recordado que Baraitser bloqueó la extradición en enero del año pasado por el riesgo de suicidio, pero desestimó otras razones presentadas por la defensa, lo que «aún no ha sido recurrido».
Por otra parte, en Ecuador, el abogado Carlos Poveda, integrante del equipo legal de Assange aseguró el 15 de marzo que su cliente «sigue siendo ecuatoriano» y que aún le quedan argumentos para impugnar la decisión del Supremo británico.
El caso de Assange, que estuvo casi siete años asilado en la Embajada de Ecuador en Londres y en 2017 fue nacionalizado ecuatoriano, tiene ramificaciones en el país andino, que le retiró la protección internacional en abril de 2019, lo que permitió que las autoridades británicas lo detuvieran.
Poveda recordó que la Justicia de este país retiró la nacionalidad a Assange en 2021, decisión que fue recurrida y que aún debe resolver la Corte Nacional.
Hasta entonces, aseguró, el australiano tiene doble nacionalidad y «sigue siendo ecuatoriano», en virtud de la Constitución de un país que, a su juicio, debería ofrecerle asistencia consular.
Estados Unidos requiere a Assange para procesarlo por 18 delitos de espionaje e intrusión informática relacionados con las filtraciones de su portal WikiLeaks, que en 2010 y 2011 expuso abusos de ese país en el centro de detención de Guantánamo (Cuba), así como presuntos crímenes de guerra en Irak y Afganistán.
