Quito, 24 sep (EFE).- Las reformas tributarias y laborales planteadas por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que presenta este viernes al Parlamento, generan reservas entre varios sectores, que van desde los sindicatos hasta sus otros socios socialcristianos.
El mandatario anunció en la víspera que su denominada «Ley de Creación de Oportunidades» tiene por objetivo reactivar la alicaída economía, cobijado en el éxito de su plan de vacunación contra la covid-19.
Propone, entre otras medidas, grabar a las grandes fortunas, una mayor contribución a los salarios superiores a 2.000 dólares mensuales, además de una mayor flexibilidad en el ámbito laboral con contratos temporales de hasta cuatro años.
SINDICATOS EN CONTRA
Mesías Tamatuez, presidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), cuestionó el hecho de que la propuesta del Gobierno incluya conjuntamente aspectos económicos y laborales al asegurar que «constitucionalmente no se puede presentar ante la Asamblea Nacional, ya que cada ley tiene que formularse de manera individual».
El nuevo régimen laboral propuesto incluye la opción de contratos alternativos a plazo fijo que podrán extenderse hasta cuatro años y si se rebasa el límite, el contrato se convertirá en indefinido.
«Eso es criminal, después de casi cuatro años se le puede decir ‘chau’ a un trabajador, es fatal, es doloroso», manifestó Tatamuez.
Lasso avanzó en su propuesta que pedirá una mayor contribución para los ecuatorianos que perciban salarios superiores a los 24.000 dólares anuales, que representan el 3,5% de la población.
También pedirá un impuesto especial y temporal de 2 años a menos de 20.000 contribuyentes que tienen un patrimonio superior a los 500.000 dólares.
El dirigente sindical también censuró que la medida de grabar a los salarios superiores a 2.000 dólares al mes pone en jaque al exiguo «sector medio, que ya vive con oxígeno y no se lo puede terminar».
Por otra parte, lamentó que el presidente desoyera las propuestas hechas por los grupos sociales de reducir los intereses que cobra la banca privada que, según él, «aliviaría a millones de ecuatorianos, ayudaría a la pequeña industria, emprendedores y pymes a tener capitales».
Al igual que otros colectivos, censuró que el Ejecutivo no haya querido «discutir» su propuesta ni con sindicatos, ni sectores sociales, y sostuvo que por sí solas «las leyes no crean empleo» y que las fórmulas del FMI no son buenas compañeras.
El presidente de la CEDOUT advirtió contra los intentos de privatizar las áreas estratégicas al asegurar: «No queremos lo que le pasó a Argentina».
«Lo que estamos exigiendo al Gobierno es que nos sentemos a sincerar la deuda de la Seguridad Social y que nos paguen los empresarios que deben a nuestra institución», en referencia a casos de evasión fiscal y corrupción.
OPOSICIÓN Y EXSOCIOS TAMBIÉN
Por su parte, Paola Cabezas, legisladora del movimiento UNES (correísta), principal grupo parlamentario y de oposición, alertó hoy en redes que la nueva propuesta laboral podría llevar a innumerables despidos, «para poderse alinear a esa nueva forma».
Las fórmulas adelantadas en píldoras por el mandatario en un mensaje a la nación tampoco han satisfecho a sus antiguos socios del Partido Social Cristiano, que le dieron su apoyo para llegar a Carondelet.
Varios asambleístas de esta formación política se han mostrado en contra de los gravámenes a grandes fortunas patrimoniales del país, así como la de aumentar los impuestos a los sueldos de 24.000 dólares anuales.
En Ecuador el sueldo básico es de 400 dólares y una de las propuestas de campaña de Lasso fue elevarlo a 500 en los cuatro años de mandato.
«Mientras en la Comunidad de Madrid eliminan el Impuesto al Patrimonio para continuar la dinámica de crecimiento y desarrollo y triunfar, en Ecuador lo proponen. ¡De gobiernos socialistas lo esperé siempre, jamás de uno que se preciaba de ser liberal en lo económico!», afirmó en Twitter el asambleísta del PSC Esteban Torres.
El presidente ecuatoriano recordó que la economía nacional adolece de grandes problemas como una abultada deuda externa de 63.000 millones de dólares, que representa el 63 % del PIB, un déficit fiscal de 7.000 millones y cifras de desempleo muy altas, pues solo 3 de cada 10 ecuatorianos gozan de empleo formal.
