Quito, 11 ene (EFE).- La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional estableció un máximo de 28 semanas de gestación para que se practique el aborto por violación en mayores de 18 años, mientras que las menores y mujeres con discapacidad no tendrán ese plazo, se informó este martes.
En la víspera, dicha Comisión parlamentaria inició la revisión del borrador del proyecto de Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación, presentado por la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional.
En el debate se emitieron varios criterios, entre ellos que no debía haber plazo para la interrupción del embarazo en caso de violación, si bien el que prevaleció tras obtener seis votos afirmativos fue el presentado por el legislador José Agualsaca, del movimiento correísta UNES, precisó un comunicado de la Asamblea Nacional.
El presidente de la Comisión, Alejandro Jaramillo, aseveró que la mesa legislativa ha mantenido sus puertas abiertas para escuchar las propuestas de diversos sectores respecto del articulado del proyecto.
«A la comisión han acudido médicos y otros profesionales de la salud, especialistas, expertos nacionales y extranjeros, y constitucionalistas, quienes presentaron sus observaciones, al igual que los legisladores», resaltó.
El proyecto tendrá como ámbito de aplicación todo el territorio nacional «y será de observancia y aplicación» por parte de personas y servicios, operadores de salud, establecimientos públicos y privados del sistema nacional de salud para prevenir la violencia contra las mujeres.
«Toda persona gestante producto de una violación estará amparada por las disposiciones de esta ley», recalca el boletín del Parlamento.
El proyecto también aborda los derechos de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes con discapacidad o que posean una condición discapacitante y en movilidad humana para decidir y acceder a la interrupción del embarazo en caso de violación.
Otro de los asuntos espinosos que abordó la Comisión fue el relativo a los requisitos y se fijó un procedimiento para que los casos de violación sean puestos a consideración de la Fiscalía General del Estado por el establecimiento de salud, a fin de que sean investigados y se inicien procesos de atención integral.
Tras una larga sesión que se prolongó 10 horas, el presidente de la Comisión fijó una nueva convocatoria para la revisión del articulado del proyecto de ley este miércoles.
El borrador está previsto que se someta a un segundo debate parlamentario después de haber pasado el primero en 2021.
Entre los nudos críticos del texto, que son censurados por las organizaciones de mujeres, figuran los límites temporales para practicar el aborto, los requisitos del procedimiento y la eventual objeción de conciencia a la que puedan apelar los facultativos sanitarios.
