Quito, 6 nov (EFE).- El Gobierno de Ecuador advirtió este sábado de un eventual afán de conspiración para desestabilizar la democracia en el país, ligado a un informe legislativo sobre una investigación acerca del escándalo de los papeles de Pandora, que salpica directamente al presidente Guillermo Lasso.
Tras rechazar el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional (Parlamento), el Ministerio de Gobierno (Interior) advirtió de un presunto «afán político de desestabilizar la institucionalidad democrática» en el país.
El Gobierno «tiene claro que existe una conspiración para desestabilizar al sistema que dio su confianza al Presidente elegido por la mayoría de ecuatorianos en las urnas», aseguró esa cartera de Estado en un comunicado oficial difundido por internet.
El Ministerio acusó en forma directa al expresidente Rafael Correa (2007-2017) y a su grupo político con representación en el Legislativo, el movimiento UNES, de estar detrás de la supuesta trama de conspiración.
En el comunicado afirmó que, a su criterio, «quien impulsa esa desestabilización es aquel que organizó la más vasta trama de corrupción conocida en la historia de Ecuador», en referencia a Correa, quien también se ha defendido de esas acusaciones al asegurar que forman parte de una persecución política en su contra.
Además, el Ministerio del Interior, en su escrito, aseguró que el Gobierno reconoce «que es la posición sectaria del grupo de asambleístas de UNES, empeñados en debilitar la democracia e impulsar un golpe de Estado».
No así otros sectores parlamentarios que, pese a estar en la oposición, han tomado «distancia de esta pretensión golpista», aseguró el Ministerio de Gobierno en su texto.
Remarcó que el Ejecutivo «hará uso de todas las herramientas legales y constitucionales para enfrentar la aventura golpista del correísmo».
Este pronunciamiento se dio al día siguiente de que la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea aprobara un informe en el que recomienda, entre otras cosas, que se observe el supuesto incumplimiento de la ley por parte del presidente Lasso.
El gobernante ha aceptado que poseía capitales e inversiones en paraísos fiscales, pero ha ratificado que se deshizo de ellos para presentarse como candidato presidencial.
No obstante, la Comisión insiste en que Lasso incumplió el llamado «Pacto ético», en vigor desde 2017, ya que aparentemente él, o sus familiares, siguen en posesión de capitales en paraísos fiscales.
El mandatario ha restado validez a la investigación de la Comisión de Garantías Constitucionales, dominada por la oposición y que no ha tomado en cuenta que el Consejo Nacional Electoral ya rechazó ese tipo de denuncias, por lo que en su momento calificó a Lasso como candidato presidencial.
De su lado, la Comisión designada por la Asamblea para investigar el escándalo de los papeles de Pandora, ha remitido a la Fiscalía y a la Contraloría (Tribunal de cuentas) del Estado, informaciones recabadas desde Panamá sobre este caso, para que investiguen si existirían eventuales delitos penales conectados con este caso.
