San Salvador, 17 mar (EFE).- El Salvador reconoció oficialmente la identidad de género de la activista trans Bianka Rodríguez al emitir su Documento Único de Identidad (DUI) de acuerdo al nombre con el que ella se identifica, según informó este jueves la Asociación Comunicando y Capacitando Trans (Comcavis-Trans).
«Con gran emoción le compartimos a todas las personas trans salvadoreñas que nuestra directora ahora es reconocida legalmente como Bianka Gabriela Rodríguez Figueroa en todos sus documentos de identificación personal», indica el mensaje publicado en Twitter por la organización no gubernamental.
Sin embargo, la ONG no dio detalles del proceso seguido por Rodríguez y si es la primera mujer trans en lograr esta cambio en el país centroamericano.
El reconocimiento de la identidad de Rodríguez, directora de Comcavis-Trans, se da tras casi un mes de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ordenara al Congreso emitir una reforma que permita el cambio de nombre en razón de la identidad de género.
«La Asamblea Legislativa deberá emitir la reforma que sea necesaria para prever las condiciones que debe reunir toda persona que desee cambiar su nombre para que sea compatible con su identidad de género», de acuerdo con el fallo.
Los magistrados constitucionalistas dieron a los diputados el plazo de un año para emitir esta reforma a la Ley del Nombre de la Persona Natural.
En marzo de 2018, la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador presentó al Congreso un anteproyecto de Ley de Identidad Género, cuyo estudio no avanzó.
Las organizaciones de la comunidad por la diversidad sexual han reclamado la creación de esta ley para tratar de reducir los niveles de discriminación que sufren hasta por funcionarios estatales y erradicar la violencia a la que están expuestos.
En diversas ocasiones, las activistas de derechos humanos de la comunidad LGTBI han denunciado que la violencia y discriminación que sufre su comunidad obliga a sus miembros a huir del país para no morir a manos de las pandillas o de los cuerpos de seguridad de un Estado «cómplice» de los asesinatos y la impunidad.
