Quito, 21 jul (EFE).- Grupos opositores al Gobierno del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, presentaron formalmente en la Asamblea Nacional (Parlamento) un pedido para someter a un juicio político al ministro del Interior, Patricio Carrillo, por la actuación de la Policía durante las protestas de junio.
La solicitud reunió 57 firmas de los asambleístas de la bancada Unión por la Esperanza (Unes), afín al expresidente Rafael Correa, y del movimiento indigenista y plurinacional Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), principal convocante de las marchas.
El pedido plantea un presunto incumplimiento de funciones por parte de Carrillo en garantizar la seguridad ciudadana y los derechos humanos durante las movilizaciones, cuyo saldo fue de seis fallecidos, entre ellos cinco manifestantes, según las organizaciones de derechos humanos, además de un militar.
Carrillo fue, desde el comienzo de las movilizaciones, el portavoz más beligerante del Gobierno al denunciar desde un inicio actos vandálicos y violentos por parte de los manifestantes y defender fuertemente la actuación de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
Si bien hubo episodios de violencia cometidos por la población durante los dieciocho días de protestas, el ministro del Interior protagonizó las declaraciones más altisonantes al llegar a calificar de «daños colaterales» a las víctimas mortales de las marchas.
Incluso, ya terminadas las protestas y en medio del inicio de las mesas de diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena, Carrillo insistió en la hipótesis lanzada sin pruebas por Lasso de que el dinero del narcotráfico estaba financiando las manifestaciones lideradas por indígenas y campesinos.
Las protestas contra el Gobierno por la carestía de la vida se desarrollaron entre el 13 y el 30 de junio, y finalizaron cuando el Ejecutivo se comprometió a rebajar en 15 centavos de dólar el precio por galón de los combustibles subsidiados y a derogar un decreto que promovía la actividad petrolera.
El resto de puntos del pliego de demandas son tratados desde hace dos semanas en una serie de mesas temáticas para abordar la focalización del subsidio de los combustibles, la reestructuración de deudas a familias campesinas y el control de precios de productos de primera necesidad, entre otras demandas.
