Quito, 22 mar (EFE).- Feministas y expertas en derechos humanos de América Latina exhortaron este martes al Estado ecuatoriano a asumir los estándares internacionales sobre aborto, en la normativa que la Asamblea Nacional (Parlamento) debe definir en menos de un mes.
Así lo expresaron durante el encuentro internacional «Luchas históricas de las mujeres por sus derechos en América Latina», que tuvo lugar en la sede de la Universidad Católica de Quito y que contó con la participación de representantes de varios países de la región y de organismos internacionales.
La costarricense Alda Facio, una exconsejera de Naciones Unidas en temas de derechos femeninos, fue una de las expositoras y recordó que el tema de la interrupción voluntaria del embarazo es un debate continental que aún no termina.
Facio dijo a Efe que en América se han ido alcanzando metas sobre los derechos de la mujer, aunque también reconoció retrocesos como el caso de Estados Unidos, que en 1972 garantizaba el aborto pero que en los últimos años algunos estados de esa nación lo «han vuelto a penalizar».
A diferencia de EE.UU., Canadá tiene completamente legalizado el aborto, lo garantiza el Estado y no hay regulaciones sobre objeciones de conciencia en las instituciones encargadas de brindar ese tipo de asistencia, añadió la experta.
Asimismo, recordó que en Naciones Unidas «se han establecido muchos estándares internacionales» sobre la materia y que ese organismo exhorta a que se debe «despenalizar el aborto en todos los casos, aunque no se ha llegado a una instancia donde se diga que se debe legalizar el aborto en todos los casos».
También otros organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene consideraciones al respecto como el criterio que la interrupción del embarazo «para niñas siempre fuera legal, porque es asunto de vida o muerte para ellas».
Facio reiteró que en la actualidad «hay estándares internacionales» sobre este tipo de derechos y que los gobiernos latinoamericanos «sí están obligados a cumplirlos».
DERECHOS EXISTENTES
La venezolana Patricia Mejía, secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará de la Organización de Estados Americanos (OEA), coincidió en que los estándares internacionales deben aplicarse.
«La integridad personal de la mujer es el único derecho absoluto existente», mientras que otras garantías están reguladas por convenciones internacionales, recordó.
Por ello, se reconoce que «cuando una mujer ha sido violada, ha sido también víctima de tortura» y que como consecuencia de ello «ha podido quedar embarazada».
El derecho internacional obliga a los Estados a «resarcir el daño causado» y «garantizar la integridad física, psicológica y sexual» de las mujeres violadas, y por ello la normativa de los países debe coincidir con esta regulación general, comentó Mejía.
Para ella, Ecuador, como parte de la Convención Americana y suscriptor de otros instrumentos internacionales, «está en la obligación de garantizar la integridad personal, física, psicológica y sexual de las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual».
Según la Convención de Belem do Pará, los Estados están obligados a erradicar prácticas que incentiven la subordinación de las mujeres y vulneren sus derechos sexuales y reproductivos.
VETO PRESIDENCIAL
El debate sobre el aborto cobró relevancia en Ecuador, luego que el presidente del país, Guillermo Lasso, vetara de forma parcial una ley aprobada por la Asamblea Nacional (Parlamento), que despenalizaba el aborto por violación y definía plazos para la interrupción del embarazo.
Estos plazos eran de 12 semanas para cualquier mujer violada y excepcionalmente de 18 semanas para niñas, adolescentes, indígenas y mujeres del área rural, pero Lasso observó la ley para unificarlo a 12 semanas en todos los casos, entre otras objeciones para desarrollar requisitos y la objeción de conciencia de los médicos.
Según Lasso, de tendencia conservadora, la Asamblea legislativa excedió sus facultades y, prácticamente, estableció en su ley condiciones que favorecen al aborto libre, por lo que decidió vetarla.
La Asamblea Nacional tiene menos de un mes para ratificar su texto o allanarse al veto presidencial, en medio de un debate que los grupos feministas también han trasladado a la calle.
