Quito, 28 dic (EFE).- El estado de excepción en el sistema penitenciario, ordenado por el Gobierno hace tres meses, concluyó este martes con la decisión de mantener a soldados y policías en vigilia para evitar nuevas masacres como la ocurrida el pasado 28 de septiembre en una prisión de Guayaquil.
Con un recorrido por ese centro carcelario, la ministra de Gobierno (Interior), Alexandra Vela, verificó que se hayan cumplido algunas metas fijadas por el Ejecutivo para retomar el control de las prisiones, donde actúan bandas de reos que en varias ocasiones han logrado someter a guardias y controlar dichos centros.
«Hemos dado un paso muy importante, pero este es un camino largo», afirmó la ministra en declaraciones a periodistas a la salida de su recorrido por una cárcel de Guayaquil, donde admitió que el control de las prisiones se logrará cuando se alcancen varios objetivos previstos en un plan para eliminar la violencia en dichos centros.
La visita coincidió con una nueva muerte este martes en una de las cárceles de Guayaquil, que está siendo investigada por las autoridades legales respectivas.
ESTADO DE EXCEPCIÓN
El pasado 28 de septiembre, una reyerta entre bandas en la Cárcel Número 1 de Guayaquil, conocida como «La Penitenciaría», dejó 116 reos muertos y 80 heridos, según informaron entonces las autoridades.
Al día siguiente, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, declaró el estado de excepción en el sistema penitenciario por sesenta días y a finales de noviembre lo prorrogó por un mes más.
En este último día de la medida, la ministra recorrió el centro carcelario, según dijo, para «verificar» que se haya cumplido la transición de un estado de excepción hacia una situación en la que se mantenga la «normalidad dentro de un régimen legal».
Por ello, remarcó que personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía permanecerán en un actitud que permita al Estado, de forma plena, «retomar el control sobre los centros penitenciarios del país».
Quien fije los límites del control militar y policial será el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la agencia estatal de control penitenciario, explicó Vela.
«DÍA A DÍA»
El Estado de excepción, a decir de la ministra, «ha servido para tratar de restablecer el control» en las cárceles, aunque reiteró que este es un proceso que se hace «día a día».
El plan penitenciario del Gobierno concluirá cuando, dijo, se haya «restablecido el sistema de rehabilitación» social en las cárceles, se haya «logrado un proceso de pacificación» y adoptado nuevas reglas que deban ser aceptadas por la sociedad.
Además, que «se haya establecido un modelo diferente para el manejo de los centros» penitenciarios y logrado afincar el respeto de los derechos humanos en las cárceles y fuera de ellas.
Y reveló que ha habido un «reclamo» de reos por el ingreso de ciertos productos alimenticios a una de las prisiones, que no se encontraban en la lista de requerimientos.
En Ecuador, según cifras de grupos de derechos humanos, han muerto en 2021 más de 300 reos por el enfrentamiento entre bandas de delincuentes que se disputan el control de las prisiones y que, según el Gobierno, mantienen presuntos lazos con el narcotráfico.
Solo en «La Penitenciaría» de Guayaquil han muerto unos 200 reos en este tipo de reyertas, que también se presentaron en los dos años precedentes, con menor intensidad.
