Quito, 27 dic (EFE).- La Contraloría General del Estado informó este lunes de que el contralor en funciones, Carlos Riofrío, dispuso el inicio de exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juradas de 25 generales de la Policía Nacional.
En un comunicado, apuntó que durante las auditorías se confrontarán los activos y pasivos que los altos oficiales han declarado ante este organismo de control.
Los auditores deberán determinar que las diferencias patrimoniales guarden relación con los ingresos obtenidos por los oficiales.
Luego de la solicitud efectuada por la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, el pasado 15 de diciembre, para que la Contraloría audite el patrimonio de 19 generales, este organismo de control amplió el alcance de los exámenes a 6 oficiales más.
Para su ejecución se requerirá información relacionada con los cambios patrimoniales de los auditados a varias instituciones públicas, como el Servicio de Rentas Internas, Superintendencias y Registros de la Propiedad, entre otros.
El tiempo estimado para el desarrollo de las investigaciones patrimoniales es de 91 días y se harán extensivas a los cónyuges, parejas en unión de hecho e hijos menores de edad, de los examinados, detalla en el escrito.
Entre los objetivos de los exámenes a declaraciones patrimoniales figuran determinar que las diferencias de las declaraciones patrimoniales juradas guarden relación con las fuentes de fondos obtenidos.
Además, verificar que las declaraciones patrimoniales juradas presentadas incluyan todos los bienes de propiedad del examinado, su cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos menores de edad.
Igualmente, comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes relacionadas con la presentación de las declaraciones patrimoniales juradas.
En el escrito, a Contraloría indicó como fundamento legal que la Ley Orgánica para la Presentación y Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas señala que «los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Unidad de Vigilancia Aduanera, Comisión de Tránsito del Ecuador y Policías Metropolitanas y municipales del país, harán una declaración patrimonial jurada adicional, previa la obtención de ascensos y al momento de su retiro».
La petición de Vela, surgió luego de una declaración del embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, quien denunció la existencia de «narcogenerales» en Ecuador.
Dichas declaraciones causaron revuelo porque eran la primera acusación pública de EEUU en años a la presunta existencia de este tipo de corrupción en la cúpula policial ecuatoriana.
