Quito, 1 dic (EFE).- Organizaciones de mujeres exigieron hoy ante la sede de la Asamblea Nacional que los legisladores completen el proceso de aprobación de la Ley de Interrupción del Embarazo en caso de Violación y que esta refleje la realidad de las mujeres que viven en Ecuador.
En una rueda de prensa convocada por la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador varias dirigentes se pronunciaron, además, sobre el proyecto que analiza la Comisión parlamentaria de Justicia para regular el aborto por violación en el país.
La Corte Constitucional otorgó un plazo de seis meses al Legislativo para aprobar la ley, que concluye el próximo 28 de diciembre.
«Exigimos a la Asamblea que trabaje en favor de todas las personas que pueden gestar, las mujeres necesitamos esta ley urgentemente, existen muchas víctimas que aún no pueden tener ese derecho», manifestó Consuelo Arequipa, representante de la organización de Mujeres Interculturales del sur de Quito.
Defendió que se debe tener en cuenta que esta legislación amparará «a las mujeres empobrecidas, las que no tienen recursos para poder asistir en caso de violación a interrumpir su embarazo».
De lo que ha trascendido del proyecto legislativo se conoce que levanta ampollas en cuestiones relacionadas con los requisitos para abortar, la temporalidad y la objeción de conciencia que pueda esgrimir el personal sanitario.
En este sentido, en nombre de la Fundación Desafío, Virginia Gómez, denunció las posiciones de bancadas como la del movimiento plurinacional Pachakutik, que dijo, «están planteando una posición y una ley retrógrada, anticonstitucional».
Y recordó que el aborto por violación ya es legal en el país de acuerdo a un dictamen emitido por el Constitucional en abril, al que siguió una propuesta de la Defensoría del Pueblo en julio que fue aceptada a trámite por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), y sobre la que se elaboró el actual proyecto que analiza el Parlamento.
Gómez consideró que «la ley no debe tener plazos, ni exigencia de denuncia, ni declaración juramentada, ni examen ético porque ya se ha visto en otros países que eso es contraproducente».
Por su parte, Kuymi Tambaco, representante de la organización indígena Runas feministas, tachó de «antiderechos» el proyecto planteado precisamente por el asambleísta del grupo indigenista Pachakutik, Ricardo Venegas.
«Como indígenas feministas pedimos que se archive esa propuesta de ley que está perpetuando esta violencia colonialista, racista que sufrimos las mujeres indígenas que históricamente hemos tenido que vivir bajo estas agresiones».
En Ecuador dan a luz cada día 8 menores producto de violación y otras tantas abortan. Además, se denuncian once violaciones diarias y 2 de cada 3 mujeres expresan que su embarazo no fue intencional y 1 de cada 3 ha vivido violencia sexual en su vida, de acuerdo a datos de la Coalición Nacional de Mujeres del país andino.
