Quito, 21 ene (EFE).- La condena de más de tres años de cárcel impuesta el miércoles a un policía por matar a dos delincuentes tras un asalto a un menor, generó una polémica generalizada en Ecuador y desenterró el debate de cómo garantizar la seguridad en un ambiente de creciente delincuencia.
Es «indignante e incomprensible que un policía, como el cabo Wilson Santiago Olmedo, que protegía la vida de un adolescente, sea condenado», se quejó abiertamente el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, al ofrecer todo su apoyo al agente y a la Policía Nacional.
Por su lado, grupos de derechos humanos aseguran que, según las pericias, se trató de una «ejecución extrajudicial».
«Lo que está demostrado con las pericias, cámaras de seguridad, autopsia y todos los análisis balísticos es que el policía disparó por la espalda y no había un peligro inminente», declaró a Efe el coordinador de la ONG Inredh, Luis Saavedra.
El debate coincide con la muerte el miércoles de un agente en un tiroteo durante un asalto en Guayaquil, y a cuyo entierro asistieron las máximas autoridades policiales y la ministra de Gobierno (Interior), Alexandra Vela, en una muestra de respaldo institucional a ese cuerpo de seguridad.
«Siempre estaré del lado de la Policía de Ecuador», dijo Lasso tras ese suceso.
¿UN CASO PECULIAR?
Cabo segundo de la Policía Nacional, Olmedo fue sentenciado por matar a dos delincuentes en un suceso el 11 de junio en la ciudad de Riobamba, cuando se percató de que asaltaban a un menor de edad.
Pese a no estar de servicio, y solo de paso, intervino porque «no podemos hacer la vista gorda o decir esta no es mi jurisdicción», argumentó a Efe el agente de 34 años, condenado por extralimitarse en la ejecución de un acto de servicio «sin observar ni considerar el uso progresivo o racional de la fuerza en los criterios necesidad y proporcionalidad», según la Fiscalía.
Una de las pruebas condenatorias es la distancia de unos 200 metros a la que se hallaba de los delincuentes cuando hizo los disparos, «más de una decena de veces por la espalda», cuando estaban en una motocicleta, según la Fiscalía.
Un argumento que él tacha de «ilógico, falso y hasta absurdo, porque para disparar a una persona a 200 metros o más hay que ser bastante experto o tener un arma especializada».
Y aseguró que disparó a «una distancia aproximada de dos metros o menos», en una versión que varía mucho de la ofrecida por el órgano fiscal, y según la cual los malhechores le tendieron una emboscada en medio de la persecución.
EL ANÁLISIS JURÍDICO
Pero el jurista Nicolás Salas sostiene que el tribunal hizo «una distinción de dos momentos» en el suceso: «el primero cuando se da la agresión (..) y el policía interviene y repele el ataque».
«Si en ese primer momento hubiera empleado la fuerza, incluso letal, habría estado permitido porque actuaba en legítima defensa del ciudadano», explicó a Efe el experto, al recordar que, según la sentencia, los disparos se produjeron en un «segundo momento», durante «la persecución».
«Si es así, no habría ninguna equivocación por parte del tribunal», aseguró.
«NO HAY RESPALDO»
La sentencia deja «a todos los servidores policiales un sabor amargo, porque no sentimos el respaldo legal para poder actuar y ejercer nuestro trabajo de brindar seguridad a la ciudadanía», se quejó Olmedo.
Mientras que su abogado, Hugo Espín, cree injusta la sentencia «porque se desvirtuaron los elementos de cargo e inclusive la teoría del caso fue incongruente con los elementos de prueba».
Y, más allá del caso particular de su cliente, sostiene que «en Ecuador no se cumple con el principio constitucional de la especialización de jueces y fiscales en materia militar, policial y temas de seguridad, que es una garantía para estos funcionarios».
Con la apelación pendiente, el caso reabrió el viejo debate en el país andino en torno a la capacitación de las fuerzas de seguridad y la cuestionada aplicación del principio del uso progresivo de la fuerza.
Desde su llegada al poder en mayo, y con una ola de delincuencia sin precedentes debido al narcotráfico —los asesinatos en 2021 se duplicaron con respecto a 2020—, Lasso aseguró que defenderá a los cuerpos de seguridad frente a este tipo de demandas.
Y su ministra de Gobierno consideró «insólito que un servidor de la Policía que utiliza su arma para salvar la vida de un ciudadano sea condenado».
Para el Gobierno, que ha prometido «apoyarlo hasta que recupere su libertad», Olmedo sencillamente «cumplió con su deber».
APOYO POPULAR
A nivel popular, las muestras de apoyo han sido también numerosas, como la «rodada solidaria» organizada ayer, jueves, en Quito, por parte de cientos de motoristas.
Y hasta el movimiento opositor Revolución Ciudadana (correísta) manifestó su «respaldo» al trabajo de la fuerza pública y apoyado «la posibilidad de un indulto a Olmedo siempre que haya actuado en defensa de terceros».
Pero para Inredh, «toda la evidencia técnica apunta a que fue una ejecución extrajudicial» que refleja que «los policías no están preparados para enfrentar situaciones de esta naturaleza», porque «quienes patrullan no tienen ninguna práctica de tiro» y «disparan por disparar», según Saavedra.
Coincide el jurista Stalin Oviedo, para quien la sentencia, que pudo haber sido mucho más grave, no deja de ser correcta porque «lamentablemente el policía no hizo el uso progresivo de la fuerza» y «evidencia una mala formación» y un caso que se da «por la negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos».
E instó al presidente y a la ministra de Gobierno a abstenerse en este tipo de pronunciamientos aludiendo a la separación de poderes y para evitar la «politización de la Justicia».
