Quito, 23 dic (EFE).- Varias organizaciones indígenas y de derechos humanos, así como activistas medioambientales, han solicitado a la Corte Constitucional la anulación de un decreto presidencial que pretende expandir la minería y agilizar la inversión en ese sector pese a vulneraciones de los derechos humanos y de la naturaleza.
Así lo informaron hoy en un comunicado la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador y organización Amazon Frontlines.
La solicitud, depositada el miércoles ante la Corte Constitucional, alega que el decreto 151 del presidente Guillermo Lasso, de agosto pasado, «pretende abrir nuevas concesiones mineras y agilizar trámites ambientales» para «captar mayor inversión en ese sector».
Todo ello, «sin contemplar los conflictos ya existentes, ni las reiteradas vulneraciones a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza provocados, precisamente por la minería en el país».
Las distintas organizaciones sostienen que el decreto es «inconstitucional» dado que fue emitido sin la obligatoria consulta prelegislativa y pone «los intereses empresariales privados» por encima de «los derechos de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y de los derechos de la naturaleza».
Lasso llegó a la presidencia en mayo con la declarada intención de ampliar la extracción petrolera y minera como vía para incentivar la inversión extranjera y generar empleo, aunque aseguró que lo haría desde una perspectiva medioambientalista.
Aunque tiene ya casi una década de historial, la llamada minería industrial en Ecuador está en pañales si se compara su alcance con las de Perú o Chile, y la intención de expandirla preocupa a las comunidades indígenas y a los ecologistas.
En su apelación, aseguran que el decreto podría «afectar el 48% del territorio nacional con concesiones mineras, sin contar con las respectivas consultas ambientales, o la consulta previa, libre e informada para pueblos y nacionalidades indígenas, el derecho al acceso al agua y los derechos de la Naturaleza», derechos estipulados por Constitución.
Otro cuestionamiento que plantea la demanda es «la desnaturalización del rol del Estado como garante de derechos, al colocar a los Ministerios, como el de Energía, Recursos Naturales No Renovables, y las agencias de control adscritas a este, como oficinas habilitadoras de trámites para el cumplimiento del mandato».
Según el comunicado, esta es la segunda demanda de inconstitucionalidad presentada por nacionalidades indígenas y organizaciones de derechos humanos, después de otro en octubre en la misma línea pero que tenía que ver con el sector petrolero.
Las luchas contra el extractivismo en general han recobrado fuerza en Ecuador al terminar el año, sobre todo después de la reciente sentencia en el llamado caso Los Cedros, en el cuál la propia Corte Constitucional declaró la vulneración de derechos como la necesidad de consulta a las comunidades y la vulneración de derechos a la Naturaleza.
