Santiago de Chile, 19 oct (EFE).- Chile digiere este martes los hechos de violencia ocurridos durante la conmemoración del segundo aniversario del estallido social, que dejaron dos muertos, una docena de heridos y 450 detenidos y han provocado acusaciones cruzadas y un duro enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición.
«El día de ayer vimos dos tipos de manifestaciones, vimos las pacíficas, a las cuales los ciudadanos tienen pleno derecho y son parte de una democracia (…) Sin embargo, también vimos manifestaciones violentas por parte de delincuentes, de vándalos», afirmó el vocero oficial, Jaime Bellolio.
La jornada comenzó con una masiva y festiva manifestación en Plaza Italia, la rotonda del centro de Santiago que fue epicentro de la ola de protestas de 2019, las más graves desde el fin de la dictadura militar.
A medida que fue cayendo la noche, encapuchados quemaron varias paradas de buses urbanos así como la entrada de un turístico parque, instalaron barricadas, destruyeron farolas y saquearon varios comercios cercanos a la plaza.
«A quienes creen que saqueando o destruyendo se puede conseguir algo, les decimos que no, no solamente nuestro rechazo, sino todo el rigor de la ley, tanto para ellos como para quienes delinquen con cuello y corbata, como el presidente», indicó el diputado y candidato presidencial por el bloque izquierdista Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.
El exlíder estudiantil, quien va primero en todas las encuestas, hacía referencia así a la investigación abierta contra el mandatario chileno, Sebastián Piñera, luego de que los Papeles de Pandora revelaron presuntas irregularidades en la compraventa de una mina.
También hubo disturbios a las afueras de la capital y en ciudades como Valparaíso (litoral central) o las norteñas La Serena y Concepción.
De acuerdo al cuerpo policial de Carabineros, murieron dos personas, una por el disparo de arma de fuego en un intento de saqueo y otra en un accidente de moto.
«Los actos de violencia y los grupos minoritarios que los protagonizan no tienen justificación, tampoco el fracaso del Gobierno en resguardar el orden y distinguir a manifestantes de delincuentes», añadió por su parte la carta presidencial del centro, la democristiana Yasna Provoste.
POLÉMICO INDULTO
Pese a la condena transversal, el Gobierno culpó a Boric, Provoste y otros opositores de instigar la violencia por haber defendido un polémico proyecto de ley que busca indultar a los presos de las marchas de hace dos años y que lleva meses discutiéndose en el Parlamento.
«No basta con decir ‘condeno la violencia’ al mismo tiempo que propongo un proyecto de indulto para indultar los mismos delitos que vimos ayer», denunció Bellolio.
«Los responsables finales de esta violencia son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad, que no había consecuencias de cometer hechos de violencia, que cometer delitos violentos no era condenable en Chile», dijo horas antes el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.
Para Boric, «el Gobierno busca tratar de sacar provecho político de hechos de violencia, en vez de cumplir su rol, que es garantizar el orden público».
En la misma línea se manifestó el senador izquierdista Alejandro Guillier, candidato en las elecciones de 2018, quien aseguró que el plan de seguridad fracasó y que el Gobierno, en vez de asumir responsabilidades, «culpa a los demás».
«Responsabiliza a los candidatos de la oposición, como si ellos gobernaran Chile», añadió Guillier, quien forma parte del comando de Provoste.
Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó como una protesta contra el alza en el precio del billete de metro y se convirtió en una revuelta por un modelo económico más justo y más derechos sociales, con una treintena de muertos y miles de heridos.
Las revueltas dejaron episodios de violencia extrema, que llevaron a la Fiscalía a abrir más de 5.000 causas, además de señalamientos por parte de distintos organismos como la ONU y Amnistía Internacional (AI) contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.
El proceso constituyente en el que está inmerso Chile se gestó precisamente en las protestas y fue la salida política que encontró el país para calmar las calles, pues la actual carta magna es heredada de la dictadura y considerada el origen de las desigualdades.
