Quito, 19 jul (EFE).- El ahora exalcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció este lunes que interpondrá las acciones legales que le asisten ante la polémica remoción de su cargo. La noche de ayer Santiago Guarderas, académico y exmilitante del Partido Social Cristiano, asumió la alcaldía.
La desconcertante situación se generó luego que un tribunal de justicia revocara esta tarde las medidas cautelares que había solicitado Yunda ante la remoción aplicada por los ediles de oposición.
El Concejo Municipal removió a Yunda el pasado 3 de junio por pedido de un frente de ciudadanos que le acusó de haber incumplido sus funciones y haberse negado a rendir cuentas de su gestión. Asimismo, el alcalde ha sido señalado por algunos contratos que beneficiaron supuestamente a parientes suyo, aunque él rechaza esa demanda.
Guarderas, en una reunión con concejales y ciudadanos afines, firmó esta misma tarde una resolución por la cual asumía la titularidad de la Alcaldía de la capital ecuatoriana hasta 2023.
«Pondremos en orden la municipalidad», se revisarán los presupuestos y en el menor tiempo posible «presentaremos al Concejo y a la ciudad el proyecto de reactivación económica», dijo Guarderas, quien impulsó el proceso de remoción de Yunda, el pasado 3 de junio.
Con la mayoría de ediles que forman el Concejo Municipal se logró remover a Yunda, y se solicitó a dos tribunales sendas acciones de protección y de medias cautelares a su favor, para evitar su salida del país.
Tras conocer que una jueza revocó las medidas cautelares que le asistían, Yunda aseguró interpondrá «los recursos» legales que le permite la ley y que «ante cualquier intento de tomarse la Alcaldía» solicitará medias de ejecución de la acción de protección que tiene a su favor.
La Corte de Justicia de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, deberá pronunciarse el próximo viernes sobre el recurso de acción de protección en favor de Yunda, quien considera que se debería anular lo actuado por los ediles de oposición en su contra.
Además, Yunda envió, a través de su cuenta de Twitter un mensaje a Guarderas: «El incumplimiento de orden legítima de autoridad competente es un delito. Existe una acción de protección que evidenció la vulneración de mis derechos, eso está aún por resolver la Corte Provincial de Justicia», escribió.
Guarderas, por su parte, aseguró que en el proceso de remoción se ha «observado estrictamente el debido proceso» y que se exageró en la «prudencia».
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