Quito, 11 nov (EFE).- El presidente Guillermo Lasso entregó a la Contraloría General del Estado documentación sobre sus bienes patrimoniales con la intención de probar que no incumplió la legislación que le impide tener propiedades o activos en paraísos fiscales cuando inscribió su candidatura presidencial en septiembre de 2020, en medio de la controversia por resultar salpicado en los papeles de Pandora.
Así lo informó este jueves la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, al dar cuenta de una misiva y documentación adjunta certificada que fueron entregadas el martes a la Contraloría y fueron receptadas por la entidad fiscalizadora en la víspera.
Entre los certificados apostillados y debidamente traducidos el mandatario presentó documentos sobre la disolución de varias empresas: Bernini Foundation, Barberini Foundation, Bretten Holding, Da Vinci Foundation, Fundación Bienes Raíces, Nora Group Investment Corp., Pietro Overseas S.A., Brothers Investment Ltd., Positano Trade LLC y Tintoretto Internacional Foundation.
También niega en ellos cualquier relación con el Banco Banisi y los fideicomisos Bretten Trust y Liberty Trust, entidades que fueron mencionadas en una Comisión parlamentaria que analizó la información publicada en los Papeles de Pandora, que apunta a que Lasso mantiene algún tipo de vinculación personal o familiar con esas empresas.
«Es impresentable que la Comisión (de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad) presidida por el asambleísta (José) Cabascango se haya permitido afirmar, sin prueba alguna, que yo al inscribir mi candidatura presidencial, habría estado incurso en la prohibición», reclamó Lasso en la carta.
Como prueba, dijo, presentó también los certificados apostillados y traducidos emitidos por Trident Trust Company que, «en su calidad de fiduciario», da fe de que no tiene ni nunca tuvo «derecho de propiedad o control en Bretten Trust y Liberty U.S.».
La misiva del presidente concluye con el alegato de haber «cumplido siempre con la ley».
La legislación ecuatoriana prohíbe desde 2017 que funcionarios públicos y candidatos a cargos de elección popular mantengan activos o propiedades en paraísos fiscales.
Fue el propio Lasso quien solicitó en octubre a la Contraloría que verificara la declaración patrimonial que presentó antes de asumir el cargo en mayo en un intento de paliar los efectos mediáticos del escándalo de los Papeles de Pandora.
La Comisión parlamentaria que analizó su actuación en relación a la filtración periodística emitió el viernes pasado un informe que señala que el mandatario podría haber incumplido la ley al tener propiedades y activos en paraísos fiscales.
Desde la publicación de los papeles de Pandora, Lasso ha asegurado que se deshizo de todos sus bienes en paraísos fiscales para poder presentar su candidatura a la Presidencia, y su Administración ha tildado de «patéticamente falsas» las conclusiones de la Comisión legislativa a la que acusa de no haber respetado «el debido proceso».
El presidente declinó en dos ocasiones comparecer ante la Comisión por considerar que era un «circo ideológico» destinado a desacreditarlo y desestabilizar su Gobierno.
En su lugar, envió una carta explicando su postura y el origen de sus bienes, e invitaba a sus miembros a interpelarlo en la sede gubernamental por tratarse de un presidente.
En paralelo, la Fiscalía de Ecuador inició una investigación previa por «presunta defraudación tributaria» contra Lasso, tras una denuncia presentada por el excandidato presidencial del movimiento indígena Pachakutik, Yaku Pérez.
La Cámara de Diputados de Chile resolvió el pasado martes la celebración de un juicio político contra el presidente de ese país, Sebastián Piñera, en relación a los papeles de Pandora, por las supuestas irregularidades en la venta en Islas Vírgenes Británicas de un polémico proyecto minero.
